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Acredita 2017

Evaluación y acreditación de competencias:

  • Convocatoria genérica 2017 (Acredita 2017-Primera Convocatoria): finalizada la fase de asesoramiento. Fecha prevista de constitución de Comisiones de Evaluación, e inicio de la fase de evaluación: 10 de enero de 2018.
  • Segunda convocatoria genérica 2017 (Acredita 2017 – 2ª Convocatoria): publicados los listados provisionales. Fecha prevista de publicación de los listados definitivos: primera quincena de febrero de 2018.

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT pide al Gobierno que despeje las dudas y ofrezca escenarios de certidumbre para que los empleados públicos puedan recuperar los salarios y derechos perdidos durante la crisis. El sindicato consideró una oportunidad para seguir trabajando el aplazamiento de la presentación del Anteproyecto de Ley de PGE 2018, por las dificultades encontradas por el ejecutivo de Mariano Rajoy para disponer del suficiente apoyo parlamentario que garantizara la aprobación.

Debido a la noticia publicada hoy en el diario La Razón, en la que destacan la siguiente información (como titular): “Las protestas sindicales cierran por vacaciones”. Desde FeSP UGT Andalucía queremos aclarar que los y las sindicalistas tenemos el mismo derecho que el resto de los trabajadores y trabajadoras a tener vacaciones, ya que este derecho viene regido por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), así como en los Convenios que rigen cada empresa.

En el día de ayer se aprobó en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 18 de diciembre de 2017, sobre medidas transitorias para ordenar la Jornada de Trabajo y Horarios del Personal Empleado Público de la Junta de Andalucía.

Hoy nos hemos vuelto a concentrar en todos los centros de trabajo de la Administración Pública andaluza contra el recurso del Gobierno de la Nación a la jornada laboral de 35 horas.

UGT siempre ha llevado la bandera reivindicativa hemos apostado y apostaremos por las 35 horas porque supone tres pilares fundamentales en nuestra sociedad: generación de empleo, conciliación de la vida familiar y mejora del servicio público que se presta a la ciudadanía.

Tras la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Gobierno y decretar la suspensión cautelar de las 35 horas en nuestra comunidad, desde la Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía sentimos una gran indignación con la actitud del Gobierno Estatal, que decidió recurrir la jornada de 35 horas en Andalucía con nocturnidad y alevosía, presentando ese recurso el 14 de julio de 2017 el último día que podían presentarlo al Consejo de Ministros. A pesar de que la jornada de 35 horas en Andalucía está implantada desde el 16 de enero de 2017 y han esperado al último día.

Este jueves tendrá lugar en Córdoba la celebración de la X Edición de los Premios Progreso. Desde el año 2003, la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) vienen otorgando el Premio Progreso como un reconocimiento a la iniciativa e innovación de las acciones emprendidas por los gobiernos locales en beneficio de la generación de empleo, el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Esta mañana se han vuelto a realizar paros parciales de 15 minutos, convocados por UGT, CCOO y CSIF en todos los centros de trabajo de la Administración Pública andaluza contra el recurso del Gobierno estatal a la jornada laboral de 35 horas.

Recurrirán la sentencia porque no se han acreditado los hechos de los que se les ha acusado

UGT califica de injusta la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid por la que condena a Rubén Ranz y José Manuel Nogales por los delitos contra los derechos de los trabajadores del artículo 315.3 del Código Penal, con pena de nueve meses de multa, y de resistencia a la autoridad -no atentado como pedía el fiscal- a tres meses de multa. A pesar de que la sentencia se limita a una multa en lugar de 7 años de prisión como pedía el fiscal, ambos sindicalistas recurrirán la sentencia puesto que consideran que en ningún caso se han acreditado los hechos de los que se les condena.

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