Historias principales

Ahora, tras la publicación del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, muchos trabajadores/as de la empresa privada y del sector público, se han adaptado al sistema de trabajo, mal llamado, teletrabajo.

La situación que viven nuestros Ayuntamientos en estos días a raíz del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del coronavirus es totalmente novedosa, puesto que no tenemos precedente al que acogernos, tanto desde el punto de vista jurídico como social.


Ello ha dado lugar a que muchas actividades municipales queden suspendidas y sus empleados sin ocupación. Ahí radica el problema que se está resolviendo de diversas maneras por las administraciones públicas y en concreto por la Administración Local.

 

Clica aqui para acceder a toda la información

Clica aquí para acceder a la información publicada por la FEMP

 

Si deseas ampliar información contacta con tus representantes sindicales mas cercanos o con tus representantes provinciales

 

 

ERTE Y EMPLEO TEMPORAL EN LAS EMPRESAS PRIVADAS


¿Le afecta un ERTE al personal temporal de las empresas privadas?


La vinculación de estos trabajadores al ERTE no aparece de forma expresa en nuestro ordenamiento. Si bien, de acuerdo al principio de coherencia, al tratarse de una prestación suspendida por fuerza mayor, nada impide que después de pasada esta contingencia, se continúe con la prestación de trabajo.


No obstante, a pesar de la usual falta de claridad de nuestro ordenamiento, existe una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19.07.95 que lo aclara: Dada que la Ley no distingue deben computarse a todos los trabajadores. O lo que es lo mismo, a los trabajadores temporales se les aplica el mismo régimen que a los fijos.


Con independencia de esto, los efectos procedimentales del ERTE por fuerza mayor los exponemos a continuación, en base al RD Ley 8/2020, 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Así:


Sexto: Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos.


Son calificadas como situaciones de fuerza mayor las siguientes: Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria que queden debidamente acreditados.

PARTICULARIDADES EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ART. 47 ET (suspensión de contratos y reducción de jornada) por causa de fuerza mayor y exoneración de la aportación empresarial.


Inicio del procedimiento: a solicitud de la empresa, acompañando un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa.


1. Comunicación a los trabajadores y a la Representación Laboral de los Trabajadores (RPT): Debe comunicarse a los trabajadores y traslado del informe y documentación a la RLT.


2. Constatación de la fuerza mayor por parte de la Autoridad laboral:


Este trámite es exigible "cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas".

3. Resolución de la autoridad laboral:


En un plazo de 5 días desde la solicitud, previo informe (potestativo para la autoridad laboral), de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que debe evacuarse en el plazo improrrogable de cinco días).


4. Contenido de la resolución:


La resolución debe limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa.


5. Adopción de la medida:


Constatada la existencia de fuerza mayor, corresponde a la empresa decidir sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.


Para los trabajadores este período tiene la consideración como efectivamente cotizado a todos los efectos.

 

PARTICULARIDADES EN RELACIÓN AL DESEMPLEO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR


Séptimo: Desempleo en caso de suspensión de la relación de trabajo por fuerza mayor o CETOP


- Reconocimiento prestación por desempleo, aunque se carezca del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.


- No computa el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.


- Se tiene derecho a esta prestación tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo como si se carece del período mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o no hubiesen percibido prestación por desempleo precedente.


En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con las siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración:


a) La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.


b) La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa


- Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.
Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la Entidad Gestora cuando el interesado solicite su reanudación.


- Si por motivos de limitación de la movilidad derivados de la situación de alarma que atañan al funcionamiento de los servicios públicos cuya actuación afecte a la gestión de la protección por desempleo, la presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.
- prórroga del subsidio por desempleo y a la declaración anual de rentas.
Si por motivos de limitación de la movilidad derivados de la situación de alarma o que atañan al funcionamiento de los servicios públicos cuya actuación afecte a la gestión de la protección por desempleo, el Servicio público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, podrán adoptar las siguientes medidas:


a) Suspender la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 276.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, autorizando a la entidad gestora para que pueda prorrogar de oficio el derecho a percibir el subsidio por desempleo en los supuestos sujetos a la prórroga semestral del derecho, a efectos de que la falta de solicitud no comporte la interrupción de la percepción del subsidio por desempleo ni la reducción de su duración.


b) Suspender la aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 276.3, de modo que, en el caso de los beneficiarios del subsidio para mayores de cincuenta y dos años no se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social aun cuando la presentación de la preceptiva declaración anual de rentas se realice fuera del plazo establecido legalmente.


Octavo. Salvaguarda del empleo.


Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

 

Accede a la normativa del Real Decreto Ley 8/2020

Si deseas ampliar información contacta con tus representantes sindicales mas cercanos o con tus representantes provinciales

La Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, tras la publicación del Real Decreto 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, ante las dudas que plantea el decreto sobre su ámbito de aplicación, se ha dirigido al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Desde el Ministerio, analizando el alcance de este Real Decreto, entiende que las Resoluciones del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de fechas 10 y 12 de marzo, previas a la declaración del estado de alarma, en las que se adoptaron medidas de carácter organizativo en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo del COVID-19, están vigentes. En base a estas Resoluciones considera que no sería necesario dictar nuevas y la finalidad que se contempla en el Real Decreto-ley estaría cumplida, es decir, limitación y reducción de movimientos.

Por tanto, la FEMP tras consultar específicamente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre si el personal funcionario o laboral de la Administración Local entra dentro del ámbito del RDL 10/2020 responde que NO ENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN.

 

Clica aquí para acceder a toda la información

Clica aquí para ponerte en contacto con tus representantes provinciales

 

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, atendiendo a la situación excepcional de estado de alarma en que nos encontramos, y por Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, ha emitido unas Recomendaciones para los gestores de atención domiciliaria, publicadas en el BOJA nº 12 extraordinario de 30 de marzo del 2020.


Las Recomendaciones se hacen para garantizar la continuidad de la atención a las necesidades básicas de personas dependientes. A su vez, se replantea la reconfiguración de los contenidos de atención básica de los usuarios y la modificación de actuaciones en función de prioridades. Se dan pautas para la protección de los trabajadores y trabajadores. Además, se debe facilitar un documento para habilitar los desplazamientos del personal.

Estas reconfiguraciones no supondrán modificación de los Programas de Atención Individual ni de la intensidad de horas establecida en los mismos, sino modificaciones en el uso de las horas de servicios liberadas debido a las circunstancias extraordinarias de las personas en situación de dependencia y del propio servicio.

Las Entidades Locales deberán garantizar la prestación del servicio, cubriendo las necesidades de personal mediante contrataciones si fuera necesario, acreditando la necesidad tal y como lo establecen las recomendaciones del Gobierno Central.


Se garantiza la financiación del servicio como mínimo, la equivalente a las liquidaciones correspondientes a febrero 2020, pese a que se haya producido la suspensión del servicio en determinados supuestos. En definitiva, se garantizará el abono de la prestación del servicio, manteniéndose íntegramente el empleo existente de modo que cualquier baja que se produzca no afectará a la retribución ordinaria del servicio durante el tiempo que dure la declaración de alarma.

 

Clica aquí para acceder a toda la información

 

Clica aquí para ponerte en contacto con tus representantes

provinciales

 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, ha elaborado un Informe sobre el Real Decreto-Ley 10/2020 de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el covid-19.


En este Informe la FAMP analiza las nuevas medidas adoptadas por el Real Decreto Ley, en virtud de las excepciones que establece en su art.1.2 y en su Anexo, donde se concretan las personas trabajadoras a las que no resultará de aplicación el permiso retribuido al que se refiere el nuevo Real Decreto.

 

Hasta la fecha las corporaciones locales han determinado los servicios esenciales en relación al mantenimiento de los servicios públicos y puede considerarse que no se van a ver alterados en su mayor parte por la reciente normativa estatal.

 

Clica aquí para acceder al Informe

Clica aquí para ponerte en contacto con tus representantes provinciales

Desde hoy, los Ayuntamientos deben iniciar un pequeño trámite para que estos/as policías terminen sus prácticas.

La Dirección General de la Policía, ante las diferentes opciones que el ordenamiento jurídico ofrece, recomienda un articulado específico para denunciar las acciones que vayan en contra de las disposiciones decretadas en la situación actual de confinamiento.

El periodo de prácticas en las plantillas de los agentes que estas en este momento en la ESPA, ha coincidido con la declaración del Estado de Alarma, lo cual, conforma una situación de fuerza mayor absolutamente extraordinaria

Los Bomberos/as UGT se han reunido en Madrid para celebrar su conferencia sectorial los días 6 y 7 de noviembre del 2019, donde se ha analizado la situación, los problemas y las diferentes propuestas de los diversos Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del país.

La primera reunión desde el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía se produjo ayer día 17 de julio

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de las plazas en el BOE, del 3 de abril al 4 de mayo de 2020, si bien, estos plazos pueden modificarse por la aplicación del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma

El plazo de presentación de solicitudes es veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de las plazas en el BOE, del 27 de marzo al 27 de abril de 2020, si bien, estos plazos pueden modificarse por la aplicación del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma

El plazo de presentación de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de las plazas en el BOE, del 26 de marzo al 24 de abril de 2020, si bien, estos plazos pueden modificarse por la aplicación del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En el acceso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas de todo el territorio de Andalucía, se deben reservar unos cupos de plazas a personas con discapacidad

Una Sentencia del Tribunal Supremo establece que una empresa no puede imponer las vacaciones a los trabajadores si antes las elegían libremente

Un trabajador, representante sindical, que sufre un accidente vascular encefálico agudo cuando se dirigía al centro de trabajo después de haber participado en calidad de delegado sindical en una reunión con el sindicato.

Un juzgado declara discriminatorio que solo se permita permutar el puesto al personal fijo