La Audiencia Nacional emitió una Sentencia, el pasado de 2 de marzo de 2020, en la cual reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras a que el tiempo empleado en la realización de los reconocimientos médicos ya sean voluntarios u obligatorios se deben hacer en jornada y horario laboral y en caso de tener que realizarse fuera de dicho horario, el tiempo que el trabajador invierta debe ser considerado como tiempo efectivo de trabajo.

La Audiencia Nacional invoca el artículo 14.5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), en el cual se establece que "el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores".
El Alto Tribunal especifica en la Sentencia que "A pesar de la ausencia normativa y reglamentaria, los reconocimientos médicos nunca deben suponer una carga, coste o consecuencia negativa y perjudicial para el trabajador".


En definitiva, la Audiencia Nacional llega a la conclusión de que se debe considerar que tanto para el caso de reconocimientos médicos de carácter voluntario como para aquellos que conforme a la profesión ejercida o derivados de situaciones propias de la actividad laboral son obligatorios, en ambas situaciones, se debe considerar tiempo efectivo de trabajo el utilizado para realizar los mismos, ya sea dentro de la jornada de trabajo que es lo deseable o bien si se realizan fuera de la jornada de trabajo en cuyo caso debe ser igualmente considerado como tiempo efectivo de trabajo y por ende compensado, (se compensa como tiempo de descanso o como horas extraordinarias, según art. 35 ET).

 

Accede a la información

 

Clica aquí para ponerte en contacto con tus representantes provinciales

 

 

La Sala contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha emitido el pasado de 8 de julio de 2020, una sentencia que zanja una cuestión bastante controvertida hasta ahora, el supuesto frecuente de muchos policías locales y demás empleados y empleadas públicos que con ocasión de su labor diaria sufren daños personales, y se veían que su derecho a ser indemnizados era inviable, pese a que una sentencia penal reconociera el derecho al cobro por las lesiones sufridas, por insolvencia del agresor y por negación de la Administración.


El Tribunal Supremo ha dado un gran paso adelante con este veredicto, ya que ha venido a aclarar que tales lesiones sufridas en acto de servicio no son un supuesto de responsabilidad patrimonial sino que se incardinan en el deber general de resarcimiento o indemnidad del funcionario.


Luego, a partir de ahora cabe reclamar indemnización a la Administración aduciendo el principio de resarcimiento o de indemnidad en su labor diaria ya que la Administración como todo patrono tiene que garantizar que su empleado no puede sufrir perjuicios por prestarle servicio..


Clica aquí para acceder a la información

 

Clica aquí para ponerte en contacto con tus representantes provinciales

 

 

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de casación interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha contra una sentencia del TSJ de Castilla La Mancha y ha reconoció el derecho a una mujer funcionaria a reducir su jornada laboral al 50%, manteniendo su retribución íntegra para cuidar a una niña menor con diabetes Mellitus tipo 1, considerada como enfermedad grave.

La Sala analiza el artículo 49.e) del EBEP y su aplicación en los supuestos en que no resulta necesaria la hospitalización.

El mencionado artículo permite al funcionario reducir su jornada de trabajo en al menos la mitad de la duración y sin reducir su retribución cuando tiene un hijo menor afectado de cáncer u otra enfermedad grave para el cuidado durante la hospitalización del niño y tratamiento continuado o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del Servicio Público de Salud.


En su recurso de casación, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha alegaba que se habían vulnerado las normas citadas porque en este caso concreto no existe ni hospitalización, ni el tratamiento continuado, ni siquiera cuidado en el domicilio del menor.


La cuestión analizada por la Sala es si ese artículo 49.e) resulta de aplicación en los supuestos en que no resulta necesaria dicha hospitalización. Y en caso de concluir que no resulta necesaria dicha hospitalización, si el cuidado directo, continuo y permanente, puede ser interpretado de forma compatible con la escolarización del menor.

En la sentencia, el Tribunal explica que no se ha desarrollado el EBEP y concretamente la aplicación de su artículo 49.e) tal y como había recomendado el Defensor del Pueblo en 2013 y acordado la Comisión del Empleo Público para concretar los supuestos en los que es aplicable ese permiso a los padres sin que se exija sistemáticamente que el ingreso hospitalario prolongado y la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente sean circunstancias que hayan de darse simultáneamente.

Por ello, en ausencia del desarrollo reglamentario estatal, ni del autonómico en el caso concreto analizado, el Tribunal se basa en el Anexo del Real Decreto 1148/2011 para concluir que la Diabetes Mellitus tipo 1 es una enfermedad grave que precisa atención continuada y permanente.

 

Clica aquí para acceder a la Sentencia

 

Clica aquí para ponerte en contacto con tus representantes provinciales

 

 

 

Más artículos...