El Tribunal Supremo ha emitido una Sentencia, el pasado 15 de junio de 2021, en la que le da la razón a la Sección Sindical de UGT del Ayuntamiento de Barcelona en relación a la “irradación” propia del sindicato más representativo.


El litigio en cuestión se centra en la reclamación del sindicato CSIF por ser excluido de la Mesa General de Negociación de materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral del Ayuntamiento de Barcelona. CSIF alegaba que como es parte integrante de la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas prevista en el art. 36.1 del EBEP y sostiene que está legitimada para formar parte de la Mesa General del Ayuntamiento de Barcelona, por el principio de irradiación de la legitimidad.


El Tribunal Supremo en su sentencia deja claro que: “es cierto que CSIF está presente en la MGN de las Administraciones Públicas, pero este extremo no significa que reúna los requisitos que a nivel estatal y a nivel autonómico exige la ley Orgánica de Libertad Sindical. Este extremo excluye al sindicato CSIF pueda beneficiarse de la fuerza irradiadora propia de la condición de Sindicato más representativo, puesto que no lo es a nivel Estatal ni Autonómico en este caso concreto”.


El fallo del Tribunal Supremo estima el recurso de apelación de UGT Servicios Públicos.

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El Tribunal Supremo emitió el pasado 9 de diciembre de 2020, una sentencia en la que se condenaba a la Diputación de Huelva por “fraude en la contratación temporal"


En síntesis, el litigio encuentra su origen en la demanda interpuesta, en procedimiento por despido, por una trabajadora que prestaba sus servicios para la Diputación provincial de Huelva desde el 9 de junio de 2000 y que concluyeron el 9 de julio de 2015. En estos quince años, la trabajadora fue contratada inicialmente al amparo del contrato eventual por acumulación de tareas en dos ocasiones, y posteriormente formalizó dieciocho contratos para obra o servicios determinados, la mayor parte de ellos prácticamente sin solución de continuidad entre el extinguido y el que se formalizaba a continuación.
Todas las contrataciones se realizaron en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario, regulado por el RD 939/1997 de 20 de junio. Los dos primeros fueron eventuales por acumulación de tareas consistentes en la gestión de personal del PFEA en el acuerdo INEM-Corporaciones Locales para el asesoramiento y control de obras, y los otro 18 para obra o servicio determinado, pero también vinculado a esos fondos.


Cada contratación iba vinculada a la concesión de subvenciones para llevar a cabo las tareas solicitadas por la Diputación. La extinción del último contrato acaeció el 9 de julio de 2015, poco después de que la subvención solicitada para un proyecto, siempre vinculado al fomento del empleo agrario, en 2015 fue desestimada.

El Supremo considera que "la gestión de recursos humanos vinculada al PFEA no puede constituir el objeto de un contrato eventual", al tiempo que precisa que la trabajadora ha desarrollado la misma función durante 15 años tras veinte contratos temporales, lo que revela la reiteración en el tiempo de tareas permanentes de la Administración pública.

"Es cierto que se trataba de programas subvencionados, pero la existencia de una subvención no constituye por sí misma un elemento decisivo y concluyente de la validez del contrato temporal causal porque también se subvencionan servicios habituales de los entes públicos".

En este supuesto, la autonomía del contrato temporal "se desdibujó, convirtiéndose en una actividad reiterada en múltiples ocasiones, la cual se inserta en las competencias propias del empleador, que incorporó a su quehacer habitual la citada actividad".

El Alto Tribunal estima el recurso de casación presentado por la trabajadora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que confirmaba la del Juzgado de lo Social y determinó que la extinción laboral con la Diputación fue lícita. El Juzgado de lo Social sostuvo que la Diputación actuó conforme a ley tras obtener las subvenciones y controlar a las personas seleccionadas y propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo, por lo que desestimó la demanda de despido


El Tribunal Supremo (TS) falla y condena a la Diputación de Huelva a readmitir o pagar una indemnización de 50.995 euros a una mujer que fue despedida tras trabajar durante 15 años para la institución encadenando veinte contratos temporales..

 

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El Tribunal Supremo considera que los pluses de nocturnidad y festividad propios de bomberos y Policía local son complementos a incluir en la nómina de vacaciones.

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