El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, atendiendo a la situación excepcional del estado de alarma en que nos encontramos, y a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha emitido un documento técnico de recomendaciones para responsables políticos, personal directivo y profesionales de los servicios sociales de atención primaria ante la crisis por el COVID-19.

Las recomendaciones van dirigidas a una batería de actuaciones a seguir por los servicios de gestión de atención primaria o comunitarios de las entidades locales y los profesionales que trabajan en dicho ámbito.


Por tanto, las recomendaciones de este documento son de aplicación a todas las prestaciones y servicios de gestión de atención primaria o comunitarios de las entidades locales.

 

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La FEMP ha planteado al Gobierno una serie de medidas extraordinarias para paliar los efectos económicos derivados de la crisis provocada por el COVID-19. Se trata de un documento donde se plantean 19 medidas concretas en el ámbito financiero, en el de la reactivación económica y del empleo en los municipios, el impulso a proyectos europeos, así como propuestas en materia de contratación pública, empleo, tasa de reposición, transporte público colectivo urbano y aprovisionamiento de material preventivo y de protección.


La propuesta, que se aborda es con el objetivo de que los Gobiernos Locales puedan “participar en la solución de forma equilibrada mostrando como siempre hicieron su solidaridad con todas las instituciones y su vocación de atender a los ciudadanos de sus municipios”, recoge entre otras medidas relevantes el uso del superávit de 2019, que ascendió a 3.839 millones de euros. En concreto, plantea destinar sin limitación ese superávit a “cualquier tipo de actuación, ya sea gasto corriente o inversión, y prioritariamente a atender los gastos extraordinarios de servicios sociales, seguridad ciudadana, limpieza, residuos y desinfección y cualquier otra actuación dirigida a atender a la población más vulnerable como consecuencia de la situación actual de Estado de Alarma declarada por el Gobierno”.

En consecuencia, reclama la flexibilización de la regla de gasto, y solicita que “el Gobierno de España, en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, flexibilice la regla de gasto para todas las Entidades Locales con superávit, con independencia de que cumplan o no los requisitos establecidos en la Disposición Adicional sexta de la referida Ley Orgánica”.


En referencia a los remanentes, en el documento de medidas económicas se recuerda que “los remanentes generados en los últimos años por las Entidades Locales pertenecen a las Entidades Locales y son las Entidades Locales quienes los deben de gestionar y decidir cómo aplicarlos en las actuales circunstancias para luchar contra el coronavirus, así como para reactivar la actividad económica e impulsar el bienestar social”.

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Fuente: FEMP

 

 

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ante la situación derivada de la declaración del Estado de Alarma y dado que estas medidas pueden afectar a los distintos programas y proyectos gestionados desde el SAE, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, está trabajando, junto con el SAE, en la elaboración de un marco normativo que dé cobertura a la adopción de medidas y criterios de adaptación y flexibilización en la ejecución de los programas, subvenciones e incentivos que son competencia de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo.

Asimismo, el SAE ha emitido una Nota Informativa con el objetivo fundamental de contribuir al mantenimiento del empleo y de las contrataciones realizadas en el marco de estos programas, en la que se declara que los contratos formalizados con las personas participantes y los realizados para el desarrollo de los mismos, deben permanecer en vigor, manteniendo así su carácter de subvencionables con cargo a las ayudas concedidas.

Igualmente, el Servicio de Empleo Públivo Estatal, SEPE, publicó una Nota, el pasado 17 de marzo, sobre las posibles incidencias por el COVID 19 en los programas de empleo, en concreto los de fomento al empleo agrario y los programas de colaboracion con las corporaciones locales.

 

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La Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, tras la publicación del Real Decreto 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, ante las dudas que plantea el decreto sobre su ámbito de aplicación, se ha dirigido al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Desde el Ministerio, analizando el alcance de este Real Decreto, entiende que las Resoluciones del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de fechas 10 y 12 de marzo, previas a la declaración del estado de alarma, en las que se adoptaron medidas de carácter organizativo en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo del COVID-19, están vigentes. En base a estas Resoluciones considera que no sería necesario dictar nuevas y la finalidad que se contempla en el Real Decreto-ley estaría cumplida, es decir, limitación y reducción de movimientos.

Por tanto, la FEMP tras consultar específicamente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre si el personal funcionario o laboral de la Administración Local entra dentro del ámbito del RDL 10/2020 responde que NO ENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN.

 

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