FeSP-UGT rinde homenaje a los funcionarios/as represaliados/as durante el franquismo

Noticias de la Secretaría General
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Este jueves ha tenido lugar un acto en conmemoración de la Memoria Histórica, "UGT en la República y la memoria histórica", donde además se ha presentado el libro "San Rafael (Málaga). Las Fosas. Febrero 1937-Noviembre 1955".

En dicho acto han participado el secretario general de UGT Pepe Álvarez, la secretaría general de UGT Andalucía, Carmen Castilla y su homólogo en UGT Málaga, Ramón Sánchez-Garrido, el secretario general de FeSP UGT, Julio Lacuerda y Antonio Tirado, secretario de FeSP UGT Andalucía.

La FeSP UGT Málaga todos los años dona el 0,7% de su presupuesto a organizaciones o proyectos sociales solidarios con los Malagueños y Malagueñas, en estos últimos años han recaído en el Asilo de los Ángeles, Los Ángeles de la Noche y este año a la 'Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga.

Julio Lacuerda ha querido rendir homenaje a los funcionarios y funcionarias represaliados desde el siglo XIX pero especialemente durante la guerra civil y la dictadura franquista. El control de los resortes de la Administración aseguraba la ausencia de movilización social y, por tanto, garantizaba la paz política ansiada por el régimen franquista y, por ello, desde los primeros momentos, los responsables de su mantenimiento se dedicaron a un profundo proceso de depuración que certificara ese estricto control sobre todos y cada uno de los puntos vitales de vida pública.

Durante la guerra -ha señalado Lacuerda- la Junta de Defensa Nacional se crea el 24 de julio de 1936, y ya comienza la depuración incontrolada y sumaria en el ámbito de la Enseñanza, Administración de Justicia y Universidades, que se canaliza mediante un Decreto de 8 noviembre de 1936 (se crean la Comisiones Depuradoras). Pero ya el 3 de septiembre de 1936, un Decreto exigía a los funcionarios “su incorporación bajo amenaza de ser declarados cesantes”.

La Ley sobre depuración de los empleados públicos de 10 de febrero de 1939 se fue completando progresivamente, para los distintos sectores y funciones (jueces, diplomáticos y Administración Local de 12 de marzo de 1939): Todos los funcionarios debían presentar obligatoriamente en 8 días una declaración jurada (datos personales, cuerpo, escala, sueldo, lugar en que se encontraba el 18 de julio, afiliación política y sindical, afección al golpe o a la República, testigos, etc.). Una Comisión de depuración decidía “la suerte del funcionario”.

De media, el 26% de los maestros y maestras fueron separados/inhabilitados, siendo habilitados el 74%, aunque muchos de ellos sufrieron la imposición de alguna sanción a pesar de la habilitación (suspensión temporal, destierro interior a otras zonas). Fiel reflejo en el documental “las maestras de la República” que obtuvo un Goya.

La depuración y las sanciones alcanzaron al 30% del profesorado. Existe algún estudio sobre las Universidades de Sevilla (16 separados) y Valencia (19 separados, entre ellos Niceto Alcalá Zamora), consistente en “colocar” un rector afín al régimen para que, en colaboración con las Comisiones depuradoras purgaran a decanos, catedráticos y profesorado.

En la Administración de Justicia, la depuración en este ámbito fue temprana, ya el 2 de septiembre del 1936 se facultó su posible destitución. Fueron sometidos a depuración 368 jueces y 96 fiscales, el 37% y 41% de cada cuerpo. Siendo separados 62 jueces y 28 fiscales.

En Correos y Telégrafos unos 11.000 efectivos fueron víctimas de la represión profesional: 4.600 Correos, 2.500 servicio rural, 1.600 Telégrafos y Telefónica 2.300.

En el Ministerio de Hacienda afectó 17% del funcionariado, a pesar de ser considerada la Administración clave para sustentar el régimen.

La depuración en los “barrenderos” de Madrid: 413 depurados, 11 fusilados, 45 penas de cárcel, 122 consejos de guerra.

Julio Lacuerda no ha querido cerrar su balance sin alertar sobre la situación actual: "Uno de los socios de Gobierno de la actual Junta de Andalucía, en una de sus primeras actuaciones, exige el listado de funcionarios y funcionarias encargados de gestionar los asuntos de familia y la violencia de género".